La administración Maduro pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que no permita la participación directa de las víctimas y sus representantes, en el marco de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, según un documento publicado por el tribunal el 14 de noviembre.
El Palacio de Miraflores envió el documento a la CPI el pasado 10 de noviembre, después de que el fiscal Karim Khan pidiera autorización para retomar la investigación. En tal sentido, Nicolás Maduro solicitó que se limite la participación de las víctimas.
De acuerdo al documento, Maduro desea que la investigación se limite a los resúmenes de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, los cuales estarían conformados solo por los casos presentados a la Fiscalía del organismo.
Es decir, Maduro pidió que se impida que las víctimas y sus representantes den directamente sus puntos de vista sobre los presuntos delitos. Asimismo, tampoco se podían agregar evidencias sobre otros casos que engrosen el expediente.
AUSENCIA DE PAÍSES
Además de pedir la limitación de las víctimas, Maduro solicitó a la CPI que no se permita la participación de los países que remitieron el caso. En tal sentido, requirió la ausencia de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Finalmente, Maduro se opuso a la solicitud del fiscal Karim Khan de un “procedimiento expedito” para retomar la investigación. De igual forma, pidió mayores plazos para responder y hacerlo ante cualquier documento introducido en el caso.
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Según la ONG Provea, Maduro busca “mantener paralizadas las facultades investigativas del fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible”. “Corresponde a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre esas cosas”, acotó.
La Fiscalía de la CPI dijo en 2020 que habría un “fundamento razonable” para creer que desde “abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad”.
